El objetivo de esta investigación es tratar de contribuir a resolver el intrincado asunto del crédito y el papel de la iglesia en la economía colonial. Durante los últimos veinticinco años ha habido interés de varios estudiosos en dilucidar la cuestión, pero no se ha avanzado lo suficiente para considerar resuelto el problema a pesar de haberse realizado valiosas investigaciones.
Uno de los temas de controversia ha sido determinar si la iglesia únicamente recibía anualidades de los censos que pesaban sobre las propiedades o desempeñaba el papel de banco. David Brading, apegándose a las afirmaciones de los historiadores del siglo XIX, concluyó que actuaba como el banco hipotecario de la colonia, mientras que Michael Costeloe afirma que la iglesia a través del Juzgado de Capellanías actuaba como una clase de compañía inversionista o banco.1 Asunción Lavrin acepta a la iglesia como institución bancaria, pero no en el concepto moderno, ya que el donante que instituía una obra pía recibía un interés de carácter espiritual, como misas o fiestas religiosas.2 Sin embargo la misma autora comenta el papel de las capellanías destinadas a proveer la congrua de un párroco y agrega que el interés que producían estos fondos se aprovechaba como ingreso para el sostenimiento de los capellanes y el capital se prestaba con frecuencia a hacendados, mineros u otros empresarios que necesitaban fondos.3 Arístides Medina Rubio y Elías Trabulse consideran a la iglesia como el prestamista más importante del período colonial y el banco agrícola de la Nueva España. En una publicación reciente Pedro Pérez Herrero considera que en la Nueva España no hubo bancos tal y como actualmente se entiende el término. Richard Lindley pone en duda que la iglesia haya desempeñado el papel de un banco, pero añade si era un banco, era un banco atado a la tradición, a la familia y a la tierra”.4 Por otra parte la mayoría de los historiadores reconocen que la Iglesia no era una institución monolítica, sino que los diferentes organismos que la formaban manejaban sus fondos en forma independiente.5
Una cuestión a la que recientemente se le ha dado importancia consiste en aclarar la naturaleza de las deudas que pesaban sobre las propiedades—si eran realmente dinero que se había recibido en efectivo o solamente el reconocimiento de una carga con obligación de pagar un canon anual. Algunos estudiosos que han analizado el endeudamiento en las últimas décadas no distinguen estas diferencias. Otros, como Costeloe y Linda Greenow, reconocen que existía la diferencia, pero al proporcionar la información suman juntas las dos categorías, dando una idea inexacta de la circulación del capital. Arnold Bauer en 1983 hizo hincapié en la diferencia entre préstamos y gravámenes. Brian Hamnett cree también que se traspasaba capital en efectivo para fundaciones, por lo que siempre había capital disponible en los organismos que las administraban. Por su parte Eric Van Young considera que es muy difícil distinguir entre los principales” cargados sobre cada propiedad para definir cuáles eran gravámenes fundados por propietarios anteriores y cuáles constituían capital líquido recibido como préstamo del Juzgado de Capellanías.6 Sin embargo John F. Schwaller señala que en el siglo XVI en la arquidiócesis de México, de las capellanías que se han localizado documentos, únicamente una quinta parte se fundaron a través de gravámenes.7 En todo caso, los numerosos estudios acerca de las haciendas en diferentes regiones de la Nueva España y otras regiones de América Latina han demostrado que estas empresas rurales se hallaban altamente comprometidas con pesadas deudas.8 William Taylor ha señalado las causas que influyeron para el endeudamiento exagerado de las propiedades, mientras que Lindley ha discutido la escasez de capital líquido, lo mismo que la importancia de las alianzas familiares para obtener créditos.9
Un asunto muy discutido y confuso es el de la terminología. Gisela Von Wobeser nos ha proporcionado una descripción clara de diferentes clases de censos, al mismo tiempo que presenta un ejemplo de su aplicación en la hacienda de San Carlos Borromeo. A la vez Lavrin indica que la terminología variaba según la región y el período estudiado.10
Con el fin de obtener una mejor comprensión de estos problemas, se ha escogido para el estudio la región situada al oeste del Río Verde abarcando zonas tanto del actual estado de Zacatecas, como del de Jalisco; dentro de esta zona se localizan los cañones de Juchipila y Tlaltenango, lo mismo que el valle de Teocaltiche.11 El interés de avanzar hacia las zonas boreales para proteger la frontera, el descubrimiento de las minas de Zacatecas, la fertilidad del suelo y la presencia de grupos indígenas contribuyeron al establecimiento de colonos españoles a lo largo de los valles y cañones del sur de Zacatecas. Para mediados del siglo XVII la hacienda se había convertido en una institución de suma importancia para la economía de la región.
La mayoría de los estudiosos de la economía colonial consideran que el capital era vital para las inversiones en la minería, en la producción agrícola y para el mercado de bienes. Greenow, en su investigación sobre las dimensiones espaciales del crédito en la Nueva Galicia, ha demostrado que la subsistencia de muchos españoles dependía de la obtención de préstamos a intervalos regulares, tanto en períodos de prosperidad como de crisis.12 Al igual que la mayoría de las entidades rurales de Hispanoamérica la hacienda de la región caxcana necesitaba el crédito para comprar las tierras lo mismo que para el desarrollo y mantenimiento de las empresas agropecuarias. Por esta razón el crédito desempeñó un papel de suma importancia en la economía de la región estudiada.
La iglesia en el mercado del crédito
Entre las instituciones que realizaban préstamos en la Nueva España, ocupaba un lugar preponderante la iglesia. Lo mismo sucedía en la Nueva Galicia. Agricultores, ganaderos, mineros y comerciantes obtenían censos y otras obligaciones por tiempo determinado de dos, tres, cuatro o más años, aunque generalmente no se redimían en la fecha fijada y se daban largas prórrogas para su cumplimiento. La iglesia a su vez recibía el dinero para los préstamos a través de los fondos de capellanías, legados, obras pías y diezmos. En el mercado del crédito participaban: catedrales, conventos, orfanatorios, seminarios, parroquias y cofradías, que poseían fondos monetarios.13 Las dotes de las religiosas contribuían a formar el capital de los conventos. Además de otorgar crédito las órdenes religiosas invirtieron fondos en las haciendas y otras empresas económicas, lo que influyó en el aumento de sus ingresos. Es muy conocido también el hecho de que la iglesia dedicaba gran parte de su capital para ayuda de los necesitados en hospitales, orfanatorios, escuelas y otras instituciones de beneficencia.
La economía de la región estudiada no es una excepción respecto a la dependencia del crédito eclesiástico. En algunos lugares de la región de los cañones el crédito precedió a la formación de la hacienda; los agricultores que poseían labores necesitaban fondos para “el avío” de sus tierras y los solicitaban a instituciones religiosas o a particulares.14 Por una de las más antiguas hipotecas consultadas para este trabajo sabemos que Francisco de Orozco Agüero, dueño de estancias de labor en el río Ajojúcar, impuso un censo redimible por 1,300 pesos sobre sus bienes a favor de la Catedral de Guadalajara, en 1658; estos fondos ayudaron a mejorar las tierras de sus estancias que años más tarde se convirtieron en haciendas. El capital provenía de una fundación hecha por un vecino de Tlaltenango para bien de su alma.15
El resultado del análisis realizado sobre los registros de hipotecas de bienes raíces en la región estudiada se presenta en el Cuadro 1. Como se puede observar, el capital que fluyó de la iglesia hacia el mercado del crédito fue de 546,896 pesos de 1670 a 1821. Equivale a un 74.1 por ciento del total de préstamos de la región caxcana registrados en el Archivo del Registro Público de la Propiedad (ARPP). En la misma forma que en la mayoría de las regiones de Hispanoamérica estudiadas hasta ahora, es evidente que los fondos eclesiásticos ocuparon el porcentaje más alto de los créditos. Sin embargo el promedio de los préstamos de instituciones eclesiásticas en la región del sur de Zacatecas superó al de toda la Nueva Galicia que alcanzó un 50.5 por ciento. De acuerdo con Greenow, en la Nueva Galicia la proporción entre los préstamos de particulares y de instituciones eclésiasticas no es mucha. Los préstamos no eclesiásticos alcanzaron un 46.1 por ciento. Por lo tanto el papel de la iglesia como prestamista fue más importante en la región caxcana que en toda la Nueva Galicia. De los préstamos otorgados por la iglesia en nuestra región, un 39.8 por ciento corresponden a fondos de capellanías.16
Se denominaban capellanías a las fundaciones que un individuo o una familia establecía a favor de un clérigo, para sostenerlo durante sus estudios, si aún no se ordenaba, o para su mantenimiento si ya era sacerdote. El donante dedicaba un fondo para esta finalidad; con frecuencia dejaba la disposición en su testamento, para que el sacerdote que la recibiera celebrase misas por el alma del fundador y su familia. El clérigo beneficiario obtenía un rédito anual de cinco por ciento sobre el capital de la capellanía. Para disfrutar de las capellanías casi siempre se designaban los parientes más cercanos del fundador que hubieran ingresado al estado eclesiástico.
Algunos benefactores sin descendencia las cedían a los capellanes de sus haciendas o al cura del pueblo donde habitaban. Generalmente la iglesia recibía el dinero de las capellanías y lo empleaba para el crédito. La institución encargada del manejo de estos fondos era el Juzgado de Capellanías, Testamentos y Obras Pías. Bauer, ante el problema de la confusa terminología sobre las obligaciones impuestas con fondos de capellanías, llama censo-gravamen a la hipoteca que se imponía sobre la propiedad al hacer la fundación cuando el fundador no entregaba “el principal”—capital que se imponía a rédito—a la iglesia; y denomina censo-préstamo a la obligación con que se gravaba una propiedad al recibir un crédito procedente de fondos de capellanía.17 Un caso de registro de fundación de capellanía impuesto sobre los propios bienes del fundador, un censogravamen, es el de don Matías Correa Troncoso y Sotomayor, vecino de Jerez, quien otorgó escritura de obligación e imposición de capellanía por 4,000 pesos sobre su hacienda de San Joaquín del Buenretiro en junio de 1753. Con esta obligación no hubo circulación de fondos.18 Un ejemplo de registro de censo–préstamo es el de Fernando Castañedo y Ceballos, quien hipotecó, en 1752, su hacienda de San Martín, en jurisdicción de Nochistlán, por 1,000 pesos pertenecientes a una capellanía que fundó Francisco de Balbuena y 3,000 correspondientes a la que mandó fundar doña Juana de Sedano.19
Si el fundador gravaba su propia propiedad en beneficio de la capellanía, no circulaba el crédito impuesto sobre ella. En caso de querer quedar libre del compromiso el fundador o su sucesor entregaba el principal de la capellanía a la iglesia. Para determinar los gravámenes que pesaban sobre una propiedad no tenía importancia investigar si se pagaban réditos por una imposición o por un préstamo; sin embargo para el estudio de la economía de una región es indispensable distinguir si los fondos de las capellanías contribuían como inversiones de capital en las empresas agropecuarias, mineras o mercantiles o eran una carga que perjudicaba la economía regional.
Lavrin está de acuerdo con Bauer acerca de la ambigüedad de la terminología utilizada en los documentos y considera inclusive que la de la Nueva Galicia difiere de las formas utilizadas en el Arzobispado de México. En los documentos consultados para este trabajo se nota que el término “censo” fue desapareciendo gradualmente en el siglo XVIII. La última mención se hizo en 1750; en su lugar se usaron otras denominaciones que lo suplían. En toda la Nueva Galicia sucedió algo semejante, ya que el término censo desapareció en la década de 1760. Como lo indica Greenow, en los registros del ARPP los términos más utilizados son: escritura de obligación, de reconocimiento o simplemente “escritura”. En algunos casos se indica que se trata de una “escritura de obligación a depósito irregular”.20
En la región de los cañones el uso de “escritura de obligación” alcanzó los porcentajes más altos entre 1740 y 1800 (Cuadro 2). El análisis de los registros de las 35 “escrituras de reconocimiento” mostró que en 16 casos no se trataba de iniciar un préstamo sino del reconocimiento de una hipoteca anterior. (Pero se encontraron también cinco escrituras de obligación, una de censo y tres “escrituras” en que se reconoce la deuda que tenía la propiedad adquirida.) En un caso de escritura de reconocimiento no se asume gravamen al adquirir bienes raíces y en los demás 18 casos de esta misma categoría, no se localizó información suficiente. Por lo tanto, no sería arriesgado concluir que el término “escritura de reconocimiento” se utilizaba cuando se asumían deudas que pesaban sobre la propiedad raíz que se adquiría.21 Tanto en las escrituras de reconocimiento como en las de obligación y “escrituras” se especifica el período de tiempo por el que se otorgaba el préstamo, de uno a seis años. Sin embargo no se efectuaba el pago al vencerse el compromiso sino que se doblaba o triplicaba el plazo y se dio el caso de escrituras de obligación que se redimieron después de 50 o hasta 102 años de haber hipotecado la propiedad. En la mayoría de los registros no se anotó la fecha en que se canceló la hipoteca o tal vez no se redimió. Para los gravámenes de las fundaciones utilizaban términos como “escritura de imposición de capellanía”, o “escritura de fundación de capellanía”; también se registraron escrituras de fundaciones de dotes, patrimonios y legados.22
La circulación del capital procedente de las capellanías y legados se ha estudiado poco. Ramírez-Horton afirma que la fundación de capellanías y obras pías por los hacendados de Lambayeque, Perú, proporcionó capital adicional para apoyar mejoras en sus empresas. Ella explica que los particulares donaban dinero a la iglesia para fundar capellanías y la iglesia prestaba este dinero a los terratenientes.23 De la misma manera se manejaron los fondos en la región caxcana y en la Nueva Galicia.
Greenow, en su estudio sobre el crédito en la Nueva Galicia, incluye al Juzgado de Capellanías en la lista de acreedores. La cantidad aparentemente prestada por esta institución entre 1721 y 1820 alcanzó un total de 3,007,371 pesos; sin embargo Greenow no solamente sumó en esta clasificación las escrituras de censo—préstamo, sino que también las de censo-gravamen. No hizo la separación entre estas dos categorías. En los registros en los libros de hipotecas del ARPP, como ya se indicó, se puede distinguir, aunque no fácilmente, si se imponía un gravamen o se recibía un préstamo sobre la propiedad.24 Por lo tanto es menor el total de fondos de capellanías utilizado para financiar las empresas agropecuarias y el comercio en la Nueva Galicia, que el señalado por Greenow.
Para el presente estudio se analizaron 268 registros de hipotecas del ARPP; 46 fueron de censo—gravamen, al hacerse la fundación de las capellanías, dotes, legados y patrimonios, y 222 corresponden a censo–préstamos. Los fondos de capellanías alcanzaron un total de 283,620 pesos (Cuadros 1 y 3); no obstante, de éstos únicamente se utilizó para el crédito en la región de los cañones y Teocaltiche un 76.8 por ciento que equivale al 29.5 por ciento del total de préstamos otorgados, tanto por la iglesia como por los particulares. Como se indica en el Cuadro 3, los gravámenes impuestos sobre propiedades para fundaciones de capellanías alcanzaron un valor de 65,810 pesos.25 Los censo–préstamos concedidos con fondos de legados, dotes y patrimonios entre 1748 y 1776, además de otro procedente de dotes que se concedió en 1727, fueron quince, dos de dotes, un legado y doce de patrimonios. Los fondos destinados a legados, dotes y patrimonios se manejaban y registraban en el ARPP en la misma forma que las capellanías.26 En relación con las dotes y legados donados a conventos y otras instituciones religiosas cada entidad administraba sus bienes en forma independiente.
El total de censo-gravámenes y de préstamos de capellanías fue de 283,630 pesos; de estos fondos un 23.2 por ciento se aplicó a censo–gravámenes y un 76.8 por ciento se entregó al Juzgado de Capellanías, o a otras instituciones religiosas para que se colocara a rédito y por lo mismo no quedaban gravados los bienes de los fundadores. Mas si consideramos que un alto porcentaje de los capitales de los acreedores eclesiásticos, conventos, cofradías y otras instituciones religiosas procedían de capellanías, dotes, legados y otras fundaciones, podríamos arriesgarnos a calcular que los censo–préstamos en su totalidad alcanzaron un porcentaje más alto que el de las capellanías.
Los agricultores, comerciantes y mineros que necesitaban crédito investigaban si había fondos disponibles en el Obispado de Guadalajara, por haberse fundado o redimido alguna capellanía, y los solicitaban. El procedimiento que se seguía para obtener un préstamo consistía en hacer una solicitud ante las autoridades eclesiásticas indicando la cantidad que se necesitaba y los bienes que servirían de garantía. El Juez de Capellanías y Obras Pías era la persona directamente responsable de practicar las diligencias para otorgar los préstamos de capellanías; sin embargo, en varios casos de solicitud de crédito de fondos de capellanías intervino directamente el obispo de Guadalajara. El obispo ordenaba al párroco o al teniente de cura (vicario) de la jurisdicción que se encargara de la inspección y avalúo de las propiedades. Se pedía al corregidor o a su teniente que informasen sobre los gravámenes de las propiedades; si éstos, agregados al valor del préstamo solicitado, eran en proporción razonable menores al caudal de quien pedía el crédito, éste se concedía. Cuando don Juan Bautista Durán, comerciante y dueño de haciendas en Nochistlán solicitó 4,000 pesos de fondos de capellanías al Obispado de Guadalajara, sus bienes de campo se valuaron en 36,770 pesos, siendo el total del caudal 60,000 pesos. Las tierras estaban hipotecadas por 7,000 pesos al convento de Santa Teresa de Jesús en Guadalajara y 2,000 pesos de una capellanía fundada en 1759. El obispo de Guadalajara autorizó otro préstamo a favor de Durán por 5,000 pesos en octubre de 1788. Los fondos correspondían al dinero donado de tres capellanías. Durán se comprometió a pagar los réditos a los beneficiarios.27
En el Cuadro 1 se presentan, en períodos de veinte años, los préstamos de la región caxcana, registrados en el ARPP. Entre los acreedores que proporcionaron capitales más altos para el crédito ocupa el primer lugar el Juzgado de Capellanías y el segundo el convento de Santa María de Gracia. Esta institución, el primer convento femenino fundado en el occidente de México (en 1588), se convirtió en el monasterio más rico de la Nueva Galicia. En 1770, su capital ascendía a 480,000 pesos.28 Las dominicas de Santa María de Gracia ocuparon un lugar preponderante en el mercado del crédito en la Nueva Galicia. Según los registros del ARPP, los préstamos de este convento en la región de los cañones y Teocaltiche alcanzaron un 18.9 por ciento que equivale al 25.5 por ciento del total prestado por la iglesia. En toda la Nueva Galicia, según Greenow, Santa María de Gracia contribuyó con un 20.4 por ciento del total de los préstamos eclesiásticos.29
El interés que se pagaba tanto por censo–préstamo como por censo–gravamen era de cinco por ciento. Según la mayoría de las investigaciones realizadas fue lo establecido en la Nueva Galicia y en la Nueva España. Para el siglo XVI en el arzobispado de México, Schwaller considera que el 7.14 por ciento era el interés general; sin embargo algunos censos rendían diez por ciento y otros se reducían al cinco.30 Pero no cabe duda que el interés que se pagaba en la Nueva Galicia y en la Nueva España en el siglo XVIII era bajo. En los registros utilizados únicamente se menciona el rédito en 18 de ellos y en todos los casos es de cinco por ciento.31
La participación de los particulares en el crédito
De acuerdo con los registros examinados en el ARPP, en la región del sur de Zacatecas los particulares aportaron un 20.3 por ciento del total de los créditos (Cuadro 1). Dentro de esta categoría los prestamistas que participaron con un porcentaje más alto fueron los comerciantes con 37.5 por ciento; les siguieron los hacendados-comerciantes con 19.3 por ciento, y en seguida aparecen los militares con 14.6 por ciento, aunque este alto porcentaje lo alcanzaron con un solo préstamo de 22,000 pesos. La mayoría de los comerciantes eran de Guadalajara y los hacendados, con dos excepciones, tenían sus propiedades en la región caxcana (Cuadro 4). Otra categoría de acreedores la formaron los clérigos quienes aportaron 18,470 pesos.32 Las fuentes consultadas proporcionan poca información acerca de los préstamos de mercaderes de Zacatecas a los hacendados de la región caxcana. Solamente a través de un estudio en que se utilicen los libros de contabilidad de las haciendas y protocolos notariales de Zacatecas podríamos determinar el papel que desempeñaron los mercaderes zacatecanos en el crédito de la región estudiada.
La participación de los mineros en el otorgamiento de créditos a los terratenientes de la región caxcana, registrados en el ARPP, fue baja. Únicamente se realizaron dos transacciones que constituyeron un 10.7 por ciento del total del crédito estudiado. Es importante hacer notar que fueron mineros–hacendados quienes concedieron los préstamos, lo que muestra la existencia de una estrecha relación entre las empresas agropecuarias de la región y la minería de Zacatecas y Bolaños.33 Mas para los mineros no era una transacción conveniente otorgar créditos al cinco por ciento, ya que su capital obtenía rendimientos más altos invirtiéndolo en sus empresas metalúrgicas a pesar de ser arriesgadas.
Fluctuaciones del crédito
El crédito estaba íntimamente relacionado con la economía de cada región; la prosperidad de la minería, el aumento de la ganadería y la producción de cereales influían en su incremento o disminución. En la misma forma podían intervenir los factores negativos para la economía: epidemias, hambrunas y crisis agrícolas. Para este estudio lo que interesa es saber si aumentaba el crédito con la prosperidad de una región. ¿Eran los períodos de crisis aquellos en los que se endeudaban más los empresarios rurales? ¿Qué causas influyeron en las fluctuaciones del crédito en la región caxcana?
La Gráfica 1 nos muestra que los créditos registrados en el ARPP anteriores a 1720 presentan un total bajo: esto se debe a que los libros de hipotecas se iniciaron en 1721 y es evidente que fueron pocas las transacciones registradas que correspondían a fechas anteriores a la creación del ARPP. En la década siguiente se dobla el crédito para volver al nivel anterior en los años 30. Coincide la disminución de los préstamos de la región de los cañones con el mismo fenómeno producido en la Nueva Galicia en general.
En la siguiente década, 1740, el crédito se quintuplica ya que los préstamos llegaron a poco más de 101,000 pesos. Es evidente que en la región caxcana influyó el desarrollo de la minería en Rolaños, con su primer auge en 1747.34 En esta época llegaron mineros de diferentes reales de minas a los cañones, compraron haciendas, asumieron los gravámenes que pesaban sobre ellas y adquirieron nuevos préstamos.35 La apertura de un nuevo mercado en Bolaños contribuyó a que se intensificara la productividad en las haciendas más ricas de la región, como La Encarnación.
Está claro que una vez adquiridas las propiedades y estabilizado su desarrollo, ya no dependían del crédito a tan alta escala; en la década de 1760 disminuyeron notablemente los créditos. Sin embargo en 1770 vuelven a elevarse las cantidades obtenidas, para alcanzar el pico del crédito en la década de 1780 y regresar a bajos niveles en 1800. Las causas del incremento, entre 1770 y 1800, pueden encontrarse en los cambios de propietarios de haciendas, pero a la vez en el impulso a las empresas agropecuarias en ese período. Los empresarios que manejaban las haciendas eran hombres con mayor interés en las ganancias comerciales que los de las generaciones anteriores.36 La demanda de productos en los mercados llevó a los hacendados a invertir altas sumas de capital en mejoras tales como trojes, presas, cercas y otras obras de infraestructura física, para obtener mayor rendimiento en la producción. En algunas décadas el incremento del crédito se produjo debido a los préstamos altos de dos o tres hacendados. Así entre 1770 y 1779 el 46 por ciento de los préstamos se concedieron a favor de tres hacendados, dueños de cinco haciendas.37
El alto nivel del crédito alcanzado en la década de 1780, se debió en parte a un censo enfitéutico por 40,000 pesos que se obtuvo para la Obra Pía de La Quemada, y varios préstamos por un total de 30,000 pesos a una sola hacienda. Además se reconocieron préstamos anteriores de algunas haciendas.38 Por otra parte una de las peores crisis agrícolas unida a epidemias ocurrió en 1785-1786; por las quejas de los indígenas sabemos de la intensidad de sus efectos en el “año del hambre” en la región de los cañones y Teocaltiche. Pero no parece que estas calamidades contribuyeran a que se elevaran las cifras de los créditos del sur de Zacatecas, registrados en el ARPP. El crédito para toda la Nueva Galicia, según los datos de Greenow, alcanzó su punto máximo en los últimos años de la década de 1780, por lo que coincide con nuestra región.39
Después de 1790 desciende el nivel del crédito y en las primeras décadas del siglo XIX baja en forma exagerada el promedio del capital prestado en la región caxcana. Esta declinación se perfila con mayor agudez en la región de este estudio, situación que no es general para el occidente, ya que como aclara Greenow, a pesar de que en la Nueva Galicia hubo deterioro de la economía en algunas regiones, otras como Tepic, Aguascalientes y Etzatlán disfrutaron de prosperidad y no se notan fuertes variaciones en las estadísticas de toda el área novogalaica.40 En el sur de Zacatecas influyeron las condiciones locales y familiares a la vez que la situación política de la Nueva Galicia para la caída del crédito en los años estudiados del siglo XIX.41 Otra de las causas más fuertes debe haber sido la aplicación de la Cédula de Consolidación de Vales Reales; debido a que la dependencia del crédito eclesiástico predominaba en la región caxcana, la escasez de capital se acentuó con mayor fuerza. También es probable que hayan aumentado los préstamos de comerciantes que no se registraron en el ARPP.
Por otro lado es importante tener en cuenta que no todos los préstamos por décadas corresponden a capital que circulaba. Como ya se mencionó, un porcentaje de los totales simplemente se “reconocía” al cambiar de dueño la hacienda, como se puede apreciar en la Gráfica 1. Se debe hacer notar también que el capital de deudas que se traspasaba probablemente fue mayor, pero no se localizó suficiente información para comprobarlo.
Proporción entre el valor y los gravámenes de las haciendas
En el Cuadro 5 se muestra el valor de las haciendas del sur de Zacatecas y Teocaltiche, lo mismo que el monto de sus hipotecas y la proporción entre ambas cantidades. El porcentaje total del endeudamiento de los casos de que tenemos información es de un 46.8 por ciento. La mayor tendencia al endeudamiento se nota en Juchipila, donde alcanzó un 59 por ciento. En la jurisdicción de Tlaltenango el monto de préstamos y gravámenes fue más bajo, con excepción de la hacienda de la Estanzuela cuyos compromisos eran fuertes.42 Sin embargo conviene observar en el Cuadro 5 que el endeudamiento de algunas haciendas pasaba del 60 por ciento y seis de ellas excedieron un 100 por ciento, alcanzando un 120 por ciento la de San Isidro de las Juntas en 1708.
En toda la región de nuestro estudio se incrementó el total de deudas a partir de 1740, por las razones ya mencionadas. El porcentaje en que se gravaron las propiedades de Tlaxcala en 1712 fue de 42 por ciento, muy cercano al de nuestra región. En Oaxaca las deudas alcanzaron un 67 por ciento sobre el valor de la propiedad y en Cholula, en 1790, un 70 por ciento en préstamos y gravámenes, porcentajes que exceden bastante a los de la región de los cañones y Teocaltiche. Por otra parte en Aguascalientes en 1794 el subdelegado informó que las fincas estaban gravadas en mayor cantidad de su valor.43
Los altos préstamos y gravámenes que soportaban las haciendas tuvieron consecuencias positivas, a la vez que negativas. Favorecía la venta de una hacienda u otro tipo de propiedad el que estuviera hipotecada. Al hacer la transferencia de la hacienda el nuevo propietario solamente tenía que cubrir la diferencia de las cargas que pesaban sobre la propiedad y hacer nueva escritura sobre las mismas. En esta forma se vendían con mayor facilidad los bienes. En los remates también se podían asumir deudas de las haciendas.44 Un aspecto negativo del crédito era que por el exceso de los gravámenes que pesaban sobre una propiedad, en una situación difícil se perdían los bienes.
La iglesia por lo general solamente presionaba si a la muerte de un hacendado las deudas eran demasiado elevadas en relación al valor de la propiedad. Si se iniciaba la ejecución y embargo de una hacienda, inmediatamente cada institución enviaba su apoderado a reclamar el capital y los réditos.
Hay que tener en cuenta que además de los préstamos obtenidos bajo hipoteca pesaban las deudas particulares de los agricultores y ganaderos. Como ya se mencionó, éstos solicitaban crédito a corto plazo a parientes, amigos, comerciantes y mineros. Estas obligaciones no se registraban en el ARPP. Otros hacendados estaban comprometidos con conventos o particulares de las ciudades de México, Puebla y Querétaro. En el Cuadro 6 se puede apreciar la importancia que tenían las deudas particulares y el porcentaje en que crecía el endeudamiento en algunas haciendas. Por esta razón las haciendas estaban mucho más endeudadas de lo que muestran los libros del Archivo del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara. Las condiciones de endeudamiento de Tayagua y Aposol en 1705 eran críticas, a pesar de que estaban a su favor los fondos que debían a la hacienda algunos particulares y las deudas de la gente de servicio. Para pagar a los acreedores y entregar la parte correspondiente a cada heredero se remató Tayagua en 1714.45
Canalización de fondos
Una de las cuestiones de mayor importancia en el estudio del mercado del crédito es investigar el destino de fondos obtenidos. ¿En qué invertían el dinero los deudores? En los registros de créditos de la región caxcana, con excepción de algunos préstamos a mineros, la mayoría fueron para agricultores y ganaderos, o para comerciantes que poseían haciendas, aunque desafortunadamente son pocos los registros que mencionan el empleo que se daría al capital que se solicitaba. Con la consulta de los protocolos notariales se ha podido obtener información del destino de un 25 por ciento de los fondos obtenidos a través de los préstamos. Nueve censos préstamos se concedieron para redimir otras obligaciones.46 En la mayoría de estos casos se expresaba que se concedía el capital para redimir una obligación anterior. En total los deudores recibieron por estas transacciones 43,250 pesos y debían redimir 36,067. Con este tipo de operaciones únicamente encontraban una solución a corto plazo; se cubría un gravamen y en algunos casos se aprovechaba una pequeña cantidad de dinero.47
Tomando en cuenta que la mayoría de los deudores eran hacendados, es posible que un alto porcentaje de los fondos se destinaran a “fomento y avío de las haciendas”. Sin embargo solamente se localizó semejante información acerca de cinco préstamos solicitados por los más importantes hacendados de la región; en 1725 un hacendado obtuvo 7,000 pesos y en la década de 1770 cuatro terratenientes de Juchipila recibieron en mancomún 12,100 pesos de un censo redimible, para los mismos fines. Además se consiguieron otros dos préstamos de comerciantes por un total de 26,774.48
Solamente tenemos información sobre un caso en que los fondos se utilizaron para adquisición de mercancía. En septiembre de 1793 don José Pérez de Contreras, dueño de la hacienda de La Estanzuela, como principal deudor, y don Timoteo Dávila otorgaron escritura de obligación por 10,691 pesos por concepto de géneros de Castilla, de los que debían pagar 6,000 luego que Contreras obtuviera 10,000 que había solicitado a rédito. Pasada la Feria de San Juan de los Lagos, se abonaría la parte que produjera la venta de la mercancía en ella. El resto se pagaría en diciembre de 1794.49
La necesidad de completar el capital suficiente para la compra de tierras, casas y haciendas constituía un motivo fuerte para comprometerse con un censo. En este renglón se localizaron cinco casos: así se compraron las haciendas de La Estanzuela (1799), San Martín (1773), Santa Bárbara (1786), El Cuidado (1780) y La Estanzuela (1799).50
Los terratenientes y el crédito
El examen de los casos de solicitantes de créditos en el sur de Zacatecas en el siglo XVIII muestra que los nueve deudores que obtuvieron capitales más altos (entre 20,000 y 35,000 pesos) fueron dueños de las haciendas más productivas valuadas en más de 42,000 pesos. Cuatro eran peninsulares y cuatro criollos. Entre ellos había un hacendado con título de nobleza, dos alcaldes mayores, un teniente de alcalde y el ensayador de la Caja de Zacatecas. Cuatro formaban parte de la élite zacatecana y uno de la de Aguascalientes. En el segundo grupo se clasificaron otros nueve terratenientes que recibieron entre 8,000 y 17,500 pesos de crédito.51 En un tercer grupo se incluyeron 43 terratenientes que obtuvieron de 500 a 7,175 pesos. Los del segundo grupo poseían haciendas valuadas entre 10,000 y 40,000 pesos con excepción de don Juan Bautista Durán cuya hacienda, Tachichila, estaba valuada en 1773 en 50,964. De este grupo cinco formaban parte de la élite de Zacatecas mientras que los otros cuatro poseían casa en Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango a la vez que residían en sus haciendas y las administraban. Comprobamos que seis pertenecían a los criollos y de tres no conocemos su origen.52 El tercer grupo se presentó muy heterogéneo, incluyendo entre sus representantes a un gobernador de Nayarit y a un noble, pero a la vez una mayoría de criollos descendientes de los primeros pobladores de la región, lo mismo que mineros recién llegados de los reales vecinos.
De los 61 terratenientes que forman el total de los tres grupos, catorce se dedicaban también a la minería o habían comprado sus haciendas con fondos obtenidos en la explotación de minas en Zacatecas, Bolaños, Mezquital del Oro o Mazapil.53 En cuanto a la combinación con otras empresas, al igual que en otras regiones de Nueva España, en el primer grupo uno se dedicaba también al comercio, lo mismo que dos del segundo grupo. Del tercer grupo siete se dedicaban a las actividades agropecuarias a la vez que al comercio aunque a esta última actividad en pequeña escala. Los deudores restantes en su mayoría eran pequeños propietarios. Sin embargo hubo excepciones, como don José Ibarrola, rico minero de Bolaños quien adquirió haciendas cerca de Villanueva las que manejó como prósperas empresas agrícolas; sus bienes únicamente se comprometieron en el ARPP en 500 pesos.54
Consideraciones finales
Aunque la mayor parte del crédito se otorgaba a particulares, algunas instituciones solicitaron préstamos. El cabildo de Jerez en dos ocasiones solicitó préstamos. El primero, en 1789, se pidió al obispo de Guadalajara de los fondos del Hospital de Belén, por 4,000 pesos, “los que facilitaron sin rédito ni pensión.” La fianza se dio de los bienes del cabildo. El segundo préstamo se obtuvo en 1795 del convento de Santa Mónica por el cabildo y vecindario de la villa. Se otorgó hipotecando los bienes raíces de los corregidores. Se canceló al año siguiente. No se indica con que fin solicitaban el dinero, pero es posible que para el abasto de maíz o para mejoras materiales de la villa.55
La circulación del crédito se efectuó entre españoles, tanto peninsulares como criollos. Sin embargo se encontró un caso de excepción; en 1781 los naturales de Nochistlán participaron como acreedores cuando mandaron fundar una capellanía por 2,000 pesos; el dinero se prestó a don José Alejandro de Castañedo y Ceballos, vecino de Nochistlán, quien gravó su hacienda El Alamo como fianza del crédito recibido.56
Localizamos 21 préstamos realizados por cofradías, pero las fuentes no especifican si son de españoles o de indígenas. Sólo en el caso de la cofradía del Santísimo Sacramento de Juchipila hemos podido comprobar que era de españoles. Esta cofradía otorgó 2,250 pesos en dos créditos a los Flores de la Torre con garantía de la hacienda de Acapepesco en Jalpa.57
El estudio de la circulación del crédito en nuestra región presenta algunas interrogantes. ¿El flujo del crédito se efectuaba de la ciudad al campo? ¿Cuál era la procedencia del capital utilizado para el crédito? Examinando los préstamos de que se puede conocer su origen encontramos que entre la iglesia y los particulares, se prestaron 740,500 pesos de 1670 a 1820; de este capital 548,896 pesos fueron otorgados por instituciones religiosas, un 79 por ciento del crédito se obtenía en Guadalajara. A simple vista parece muy razonable reconocer que la ciudad refaccionaba al campo, pero si analizamos el origen de fondos de capellanías, legados, patrimonios y aún dotes de monjas utilizados para el crédito de nuestra región, nos damos cuenta de que el porcentaje sube bastante a favor del campo y baja el de la ciudad. Los fondos los otorgaba la Catedral de Guadalajara y los conventos, pero venían de manos de los hacendados. Ya se dijo que era común al hacer las fundaciones que el dinero se utilizara para crédito de la región de donde procedía. Por eso a pesar de que la mayoría de las transacciones se realizaban a través de la Catedral de Guadalajara o de los conventos de esta ciudad, es muy posible que un alto porcentaje de ellas procedieran del medio rural.
Para comparar la proporción del crédito obtenido por cada jurisdicción en tiempo y espacio se han agrupado las cantidades en tres períodos de 50 años, y separadamente las de Juchipila, Nochistlán, Teocaltiche y Tlaltenango–Jerez. De este análisis resulta que Juchipila acaparó el 55 por ciento del total de los créditos otorgados. Tlaltenango–Jerez obtuvo un 21 por ciento y Teocaltiche 19 por ciento. Nochistlán formaba parte de la alcaldía mayor de Juchipila, pero se considera necesario separarla para destacar su importancia en el último período. En la Gráfica 2 se observa que en el primer período el crédito no alcanzó altos niveles en Juchipila y Teocaltiche, fue casi nulo en Tlaltenango–Jerez y no hubo en Nochistlán. En el segundo período, 1721-1770, hay notable incremento en Juchipila, donde subió a más del doble, en relación al período anterior. En Tlaltenango–Jerez aumentó de 4,000 pesos a cerca de 104,000, en Teocaltiche se elevó de 40,000 a 90,000 pesos y en Nochistlán se inició con 17,500 pesos.58 El último período muestra discrepancias en cuanto a préstamos entre las jurisdicciones estudiadas; en Juchipila al compararlo con sus niveles anteriores se produjo un leve incremento; en Nochistlán se elevó a 38,000 pesos, mientras que en Teocaltiche bajó a los niveles del primer período y en Tlaltenango se presentó una baja de 70,000.59 No debe extrañar que haya sido Juchipila donde se concentraba el más alto porcentaje en créditos, debido a que en esta jurisdicción se localizaban las haciendas de mayor valor.
Como ya han señalado la mayoría de los estudiosos de este tema para la Nueva España, la iglesia en nuestra región fue más importante como intermediaria de bienes que como consumidora de riqueza colonial.60 De los fondos de las capellanías, patrimonios y legados de la región caxcana, un 76.8 por ciento se utilizó para crédito de empresas rurales. No podemos comparar la totalidad de los capitales de las capellanías de la Nueva Galicia debido a que Greenow, como queda dicho, no indica si son gravámenes cargados sobre los bienes del fundador o préstamos.61 Sin embargo acerca de la región de este estudio podemos concluir que el total aproximado de obligaciones es de tres cuartas partes de crédito y una cuarta parte de gravámenes sobre las propiedades de los donadores.
Nuestro estudio sobre el crédito en la región del sur de Zacatecas y Teocaltiche va de acuerdo con las conclusiones de Greenow para toda la Nueva Galicia y Van Young para la región de Guadalajara, acerca de la preponderancia de la iglesia colonial como prestamista a través de sus diferentes organismos. Como afirma Richard Lindley en su investigación sobre los lazos de parentesco y crédito en Guadalajara, 1800-1830, los clérigos y monjas de la Nueva Galicia se sostenían con el ingreso del “principal” depositado por sus padres u otros benefactores.62 Pero al mismo tiempo, a pesar de las críticas a la iglesia que aseveran que los capitales eclesiásticos no producían económicamente, las actividades económicas se nutrían en gran parte con las inversiones procedentes de capellanías, patrimonios y otras fundaciones; los fondos eclesiásticos desempeñaban así un papel positivo en la economía colonial.
La autora agradece a Peter Bakewell por sus orientaciones para esta investigación y a Arnold Bauer por las sugerencias para la última versión de este artículo. Parte de este trabajo se realizó con apoyo económico de la Secretaría de Educación Pública de México.
David Brading, Mineros y comerciantes en México borbónico (México, 1975), 294.
Asunción Lavrin, El capital eclesiástico y las élites sociales en Nueva España a fines del siglo XVIII,” Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 1:1 (Winter 1985), 6.
Ibid., 10.
Aristides Medina Rubio, La iglesia y la producción agrícola en Puebla, 1540-1795 (México, 1983), 208-210; Elias Trabulse, coordinador, Fluctuaciones económicas en Oaxaca durante el siglo XVIII (México, 1979), 56; Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico (México, 1988), 201; Richard Lindley, Kinship and Credit in the Structure of Guadalajara’s Oligarchy 1800-1830” (Ph.D. diss., University of Texas, Austin, 1976), 123.
Michael Costeloe, Church Wealth in Mexico. A Study of the Juzgado de Capellanías in the Archbishopric of Mexico 1800-1856 (Cambridge, 1967), 27; Richard Lindley, Haciendas and Economic Development, Guadalajara, Mexico, at Independence (Austin, 1983), 38; Linda Greenow, Credit and Socioeconomic Change in Colonial Mexico. Loans and Mortgages in Guadalajara, 1720-1820 (Boulder, 1983), 687; Lavrin, El capital eclesiástico, 1-2.
Greenow, Credit, 68; Arnold Bauer, “The Church in the Economy of Spanish America: Censos and Depósitos in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,” HAHR, 63:4 (nov. 1983), 711; Brian Hamnett, “The Appropriation of Mexican Church Wealth by the Spanish Bourbon Government: The Consolidación de Vales Reales, 1805-1809, Journal of Latin American Studies, 1:2 (nov. 1969), 86; Eric Van Young, Hacienda and Market in Eighteenth-Century Mexico. The Rural Economy of the Guadalajara Region, 1675-1820 (Berkeley, 1981), 184.
John Frederick Schwaller, Origins of Church Wealth in Mexico. Ecclesiastical Revenues and Church Finances 1523-1600 (Albuquerque, 1985), 135.
William B. Taylor, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca (Stanford, 1972), 141, 142; Van Young, Hacienda and Market, 186-190; Isabel González Sánchez, Haciendas y ranchos en Tlaxcala, en 1712 (México, 1969), 9.
Taylor, Landlords, 142; Lindley, Haciendas and Economie, 39, 40.
Gisela Von Wobeser, La hacienda de San Carlos Borromeo (México, 1980), 88-92; Lavrin, “El capital eclesiástico,” 3.
En el presente trabajo designamos a la región que abarca la investigación con los siguientes nombres: “región caxcana,” “sur de Zacatecas y Teocaltiche,” “región de los cañones, “región de los cañones y Teocaltiche, o “sur de Zacateca.”
Arnold J. Bauer, “The Church and Spanish American Agrarian Structure; 1765-1865,” The Americas, 28:3 (jul. 1971), 78-98; Arnold Bauer, “The Church in the Economy,” 707-733; Robert J. Knowlton, “Chaplaincies and the Mexican Reform, HAHR, 48:3 (ago. 1968), 421-437; Linda L. Greenow, “Spatial Dimensions of the Credit Market in Eighteenth Century Nueva Galicia,” en Social Fabric and Spatial Structure in Latin America, ed. David Robinson (Ann Arbor, 1979), 227-279.
Ibid., 235-236, 241.
Este artículo se basa en materiales consultados en los siguientes archivos: Archivo del Registro Público de la Propiedad en Guadalajara, Libros de Hipotecas; Archivo Judicial de la Real Audiencia de Guadalajara, localizado en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, sección de Fondos Especiales; Archivo del Arzobispado de Guadalajara; Archivo de Instrumentos Públicos de Guadalajara; Archivo del Museo de Guadalupe en Zacatecas, sección de Fondos Notariales; Clements Library de la University of Michigan, Zacatecas Collection, en adelante citados como: ARPP–LH, BPE–AJA, AAG, AIPG, AMGZ–FN, CLUM–ZC. La fuente más valiosa para obtener la información sobre las transacciones es el Archivo del Registro Público de la Propiedad en Guadalajara donde quedaron asentados los préstamos, la fecha en que se obtuvieron, los nombres de los acreedores y deudores, los bienes embargados y otros detalles. Al redimirse el crédito se anotaba al margen del registro correspondiente la fecha en que se había hecho el pago. El ARPP–LH se inició en 1721, pero se registraron créditos de las últimas décadas del siglo XVII. Son también útiles los documentos del Archivo del Arzobispado de Guadalajara, por los detalles que proporcionan sobre avalúos, tipo de propiedades y gravámenes; otras fuentes son los inventarios de testamentos que detallan el total de gravámenes de las propiedades. La consulta de los registros de hipotecas en el ARPP-LH se facilitó gracias al valioso índice elaborado por David Robinson y Linda Greenow, Catálogo del Archivo del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara: Libros de Hipotecas 1566-1820 (Guadalajara, 1986).
Escritura de institución (escr. de inst.) de censo sobre bienes de Francisco de Orozco Agüero 1658, AIPG, Protocolo de Diego Pérez de Rivera (en adelante Prot. DPR), tomo (t.) 7, ff. 298-305.
ARPP-LH, vols. 1 a 8; Greenow, “Spatial Dimensions,” 257, y Credit, 40, 72.
Bauer, “Church in the Economy,” 87; Greenow “Spatial Dimensions,” 242; Costeloe, Church Wealth, 66-77; documentos sobre capellanías consultados en el ARPP–LH; Bauer, “Church in the Economy, 711; cfr. Agueda Jiménez Pelayo, Historia rural en México colonial. El sur de Zacatecas, 1600-1820” (Ph.D. diss., University of New Mexico, 1985), 140, nota 35.
Escr. de imposición (imp.) de capellanía otorgada por Matías Correa Troncoso, dic. 17, 1753, ARPP–LH, vol. 2, f. 210.
Escr. de hipoteca (hip.) sobre hda. de San Martín, mar. 15, 1752, ibid., vol. 2, f. 172v.
Lavrin, “El capital eclesiástico,” 3; Greenow, Credit, 34.
ARPP–LH, vols. 1 a 8.
Ibid. Se pueden ver algunos ejemplos en vol. 2, f. 148 (se concedió préstamo por cuatro años y se redimió a los 70 años); f. 152 (no se redimió) y f. 156 (la escritura hecha por dos años se redimió a los siete).
Susan Ramírez-Horton, The Sugar Estates of the Lambayeque Valley, 1670-1800: A Contribution to Peruvian Agrarian History (Madison, 1974), citado por Bauer, “Church in the Economy,” 713-714.
Greenow, Credit, 72. En los registros de hipoteca cuando se hace una fundación de capellanía, dote o patrimonio, se menciona que “se fundó o se hizo la fundación o se impuso a censo” cierta cantidad de dinero a favor de una capellanía o de una institución sobre la hacienda del fundador.
ARPP–LH, vols. 1 a 6, y 8. Cfr. Jiménez Pelayo, “Historia rural,” 140, nota 35.
Fundaciones en ARPP–LH, Hacienda Guejote, vol. 2, f. 180; H. Nacasquilco, vol. 6, f. 2; H. los Fustes, vol. 6, f. 37v; H. La Encarnación, vol. 2, f. 369. Únicamente estamos citando algunos casos.
Solicitud de préstamo de Juan Bautista Durán al Obispado de Guadalajara, AAG, Padrones y Capellanías (AAG–PC:1), legajo sin clasificar (leg. s. c.); ARPP–LH, vol. 4, f. 3v y vol. 5, f. 370v. Otro caso semejante fue el de Francisco Núñez de Villavicencio al Obispado de Guadalajara, 1744, AAG–PC:1, leg. s. c.
Diana Romero de Swain, “Visitas al Convento de Santa María de Gracia,” Boletín del Archivo Histórico de Jalisco, 6:2 (mayo–ago. 1982), 6; Salvador Reynoso y Reynoso, Convento de Santa María de Gracia,” en Iglesias y edificios antiguos de Guadalajara, ed. Ramón Mata Torres (Guadalajara, 1979), 113.
Según la relación del convento de Santa María de Gracia de 1814, el capital que tenían impuesto a rédito las dominicas era de 342,420 pesos, por el que debían recibir 18,420 pesos de réditos anuales. Entre sus más fuertes deudores se contaban el Real Tribunal de Minería y las Oficinas Reales de estas Cajas; otros deudores eran hacendados de Guadalajara y mineros zacatecanos. Además de ellos había ricos mineros que no pertenecían a la Nueva Galicia, como don Ignacio de Obregón y el conde de Regla. En la relación no se explica si están incluidos los fondos de capellanías. Además del capital referido las monjas de Santa María de Gracia poseían 32 tiendas en los portales y 74 casas que estaban arrendadas en diferentes barrios de la ciudad.
Schwaller, Origins, 114.
ARPP–LH, vols. 1 a 5.
Ibid., vols. 1 a 8.Un prestamista de Guadalajara poco conocido, José Segura, otorgó cuatro créditos entre 1747 y 1754, tres de 1,000 pesos y otro de 506. Escritura de oblig. de hip. a favor de José Segura, ago. 25, 1747, jul. 27, 1752, oct. 2, 1753, abr. 26, 1754, ARPP–LH, vol. 2, ff. 51v, 283v. Un acaudalado hacendado y comerciante de Guadalajara, Alfonso Sánchez Leñero, facilitó 5,000 pesos al cabildo de Jerez en 1786, para compra de maíz. Juan José Sánchez Leñero, hijo de Alfonso, prestó 8,000 pesos, en 1799, a don Florentino Jesús de Robles para comprar la hacienda de La Estanzuela. Escr. de oblig. de hip. sobre bienes de miembros del Cabildo de Jerez, 1786, ARPP–LH, vol. 5, ff. 225v, 226; escr. de oblig. de hip. sobre hda. La Estanzuela, 1789, ibid., vol. 5, f. 65; ene. 3, 1799, ibid., vol. 6, ff. 103, 104; escr. de oblig. sobre hda. de La Encarnación, oct. 14, 1748, ARPP–LH, vol. 1, ff 176–177; escr. de hip. otorg. por Cristóbal Gutiérrez y otros a favor de José Segura, 1743, ibid., vol. 1, f. 177.
Escr. de préstamo (prest.) a Tagle y Bracho: 1741, AAG, PC:1, exp. s.c.; escr. de prest, a Conde la Laguna, 1735, BPE, AJA, 240:6, f. 11v; reg. de hip. de Tello de Albornoz, 1744, ARPP–LH, vol. 1, f. 191.
Brading, Mineros y comerciantes, 269-280.
Escr. de hip. sobre hda. San Isidro de Las Juntas, oct. 23, 1748, ARPP–LH, vol. 2, f. 82; Manifestación de títulos de tierras en obedecimiento a la cédula de 1754, AIPG, Tierras y Aguas 25:1, doc. 54, s.n.f. En esta década llegaron mineros de diferentes reales de minas a la región caxcana, compraron haciendas y asumieron gravámenes que pesaban sobre ellas. Entre ellos se puede mencionar a Pedro de la Masuca Ahedo y a don José de Ibarrola.
ARPP–LH, vols. 1 a 8.
Los hacendados fueron Agustín Ximenes de Muñana quien obtuvo cinco préstamos por un total de 28,250 pesos; su hermano Clemente, otro por 20,000 pesos; y las Fernández Cachero, dos por valor de 8,000 pesos. ARPP–LH, vol. 4, f. 1; vol. 3, ff. 68, 107; vol. 4, ff. 52, 53; vol. 3, f. 171v.
ARPP–LH, vol. 4, f. 297v, vol. 5, ff. 151, 152, 172.
Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agricolas en México, 1708-1810 (México, 1969), 118; Jiménez Pelayo, “Historia rural,” 118; Greenow, Credit, 27.
ARPP–LH, vols. 1 a 8; Greenow, “Spatial Dimensions,” 256, 267.
Un caso de la repercusión de los problemas familiares en la economía de la hacienda es el de Juan Bautista Durán quien casó dos veces, por lo que a su muerte las hijas del primer matrimonio y sus maridos promovieron un largo litigio contra la viuda. Como las partes no llegaron a un acuerdo para aceptar las pocas posturas que hubo al remate de los bienes, se prolongó el litigio, por lo que se desatendieron las haciendas durante nueve años. Finalmente se subastaron los bienes en 1804. No fue hasta 1820 cuando obtuvo otro crédito por 4,000 pesos. Testamento de J.B. Durán, AIPG, prot. Juan Antonio Mallen, oct. 27, 1792, ff. 161, 162; Manifiesto de reclamos de Felipe de Villar a la testamentaría de Durán, mar. 14, 1797, BPE–AJA, 185:1; Respuesta de Ignacia Gallardo a Felipe de Villar, jun. 19, 1797, ibid., 180:11.
Escr. reg. de hip. sobre la Estanzuela, mayo 18, 1737, ARPP–LH, vol. 1, f. 401v; mayo 15, 1753, ibid., vol. 2, f. 198; mar. 1761, ibid., vol. 2, ff. 448, 449; feb. 1770, ibid., vol. 3, f. 57; jul. 27, 1752, ibid., vol. 2, f. 283; ene. 19 y 25, 1789, ibid., vol. 5, ff. 194-195; mar. 31, 1792, vol. 5, ff. 342, 380, 470.
González Sánchez, Haciendas y ranchos, en cuadros de concentración que siguen a 80, 112, 128, 144, 160, 176. El porcentaje lo cita Bauer en “Church in the Economy,” 709; Taylor, Landlord, 142; Brading, Miners, 218; Agustín R. González, Historia del Estado de Aguascalientes, 2a. ed. (Aguascalientes, 1974), 41-47.
Don Juan Manuel de la Bárcena compró en 1747 a don José de Zúñiga Fajardo la hacienda de Guacasco en 10,000 pesos, con sus tierras, fábricas y muebles. Entregó en efectivo únicamente 1,000, obligándose con escritura por los que estaban cargados sobre la hacienda. Los gravámenes eran 4,000 de un patrimonio, 3,000 pesos de una capellanía y 2,000 de otra. Test, de Juan Manuel de Bárcena, ago. 6, 1757, Archivo de Notarías del Palacio de Justicia de Zacatecas, Libros de Protocolos de Jerez, prot. Tadeo Rodríguez y Nicolás Suárez, f. 85. Otro caso es el de don Tomás de la Espriella quien en 1743 adquirió del bachiller don Andrés Ximenes la hacienda de Acaspoluca en Teocaltiche, entregó 2,650 pesos en efectivo e hizo escritura por 2,000 a favor del convento de Santa Mónica de Guadalajara. Escr. de venta de hda. de Acaspoluca, 1743, BPE–AJA, 240:6, f. 27v. Así sucedió con don Doroteo Villalobos, vecino de Jalpa; en 1775 otorgó escritura a favor de Santa María de Gracia por 3,800 pesos, que constituían parte del valor en que se remató la hacienda de Santa Clara en jurisdicción de juchipila. Reg. de hip. sobre hda. de Santa Clara, 1775 ARPP–LH vol. 4, f. 88v.
Test, de Miguel Márquez, jun. 15, 1682, AMGZ–FN, leg. 22:1; prot. Joseph Laguna (JL), ff. 178-184; Autos que siguió Antonio Jove Argüelles sobre la legítima de su mujer, 1703, BPE–AJA, 20; 10, ff. 73, 162, 203-210v.
AIPG, prot. Blas de Silvas, f. 90; prot. Manuel de Mena Menor:6, f. 226v; prot. de Juan García de Argomanis:23, f. 367; ARPP–LH, vol. 3, f. 72v. Los préstamos fueron uno de 2,000 pesos en 1725, dos en 1745, seis en 1776 y dos más en la década de 1790.
ARPP–LH, vols. 1 a 8.
Ibid., vol. 3, ff. 92v y 68.
ARPP–LH, vol. 6, f. 103.
Don Florentino de Jesús Robles obtuvo un crédito por 8,000 pesos a seis años para pagar la cantidad que restaba para el total del precio en que adquirió la hacienda de La Estanzuela. Reg. de hip. sobre hda. La Estanzuela, 1799, ARPP–LH, vol. 6, f. 103.
Cfr. Jiménez Pelayo, “Historia rural,” 77-98 y cap. 4.
Ibid.
Ibid.
ARPP–LH, vol. 1, f. 188v.
Reg. de hip. de propios y rentas del Cabildo de Jerez y bienes de los regidores, nov. 6, 1789 y feb. 27, 1795, ibid., vol. 5, ff. 225, 226, 469.
Escr. de hip. de bienes, abr. 25, 1794, ibid., vol. 4, f. 206v.
Solicitud de créditos de los Flores de la Torre al Obispado de Guadalajara, AAG, Caja B–20, dos legs. s. c.; Ramón María Serrera Contreras, Guadalajara ganadera. Estudio regional novohispano, 1760-1805 (Sevilla, 1977), 364.
Cfr. Gráfica 2 de este trabajo; Greenow, “Spatial Dimensions,” passim.
Cfr. Gráfica 2.
Bauer, “Church in the Economy,” 732, 733.
Greenow, “Spatial Dimensions,” passim.
Lindley, Haciendas and Economic, 60-62; Van Young, Hacienda and Market, 189.