Summary
In the summer of 1965, the legislature of the state of Mississippi passed a law which required children whose parents were living in another state to pay up to $350 tuition in order to attend public school. On the belief that this law discriminated against Negroes and was therefore unconstitutional, the Department of Justice began litigation procedures to repeal it. But evidence was needed to prove that the law was in fact discriminatory. The lawyers contacted demographers at the Bureau of the Census to provide data to determine if the majority of persons affected were Negro and too poor to pay the tuition. They sought information which could tell them, ideally, how many parents of children in Mississippi had left the state and what the economic position and racial characteristics of the children were.
An attempt was made to get this information from already published sources, such as census reports and other research findings. These could give a hurried impression of the situation but could not deal directly with the issue of the whereabouts of parents not living with their children, since such a question had not been asked in the 1960 Census. An additional bit of information was obtained from the NAAGP Legal Defense and Education Fund in Jackson, Mississippi, from forms showing characteristics of persons actually affected by the law. But this limited sample did not provide evidence solid enough upon which to build a case.
It was decided to rely on a retabulation of 1960 Census records to describe accurately the base population from which children with parents out of state would be drawn—namely, the children not living with either parent. This showed that of all school-age children living without either parent, 82 percent are Negro. The average Negro household, which contains at least one “parentless” child, houses 6.8 persons and has an annual income of $1,429. This allows less than $250 annually per person. Tuition for just one child eats up more than one person’s yearly allotment. These data showed that the law, in fact, did discriminate racially, since most of the persons affected were Negro and too poor to pay tuition.
This was one instance in which demographers were able to use their special skills in implementing public policy—notably, the law.
Resumen
En el verano de 1965, la legislatura del estado de Mississippi aprobó una ley que obligaba a los niños, cuyos padres vivían en otro estado, a que pagaran la suma de 350 dólores o no podrían asistir a las escuelas públicas. En la creencia de que esta ley era discriminatoria contra los negros, y que era por lo tanto inconstitucional, el Departmento de Justicia de Estados Unidos, inició un proceso contencioso para rechazarla. Sin embargo, se necesitaba evidencias que probaran que la ley era discriminatoria. Entonces, los abogados contrataron a demográfos de la Oficina del Censo para que les proporcionaran información que sirviera para determinar si la mayoría de las personas afectadas eran negros y demasiado pobres para pagar esos derechos. De acuerdo a esto, ellos buscaron información que pudiera decirles cuantos padres de niños en Mississippi habían abandonado el Estado y cuales eran sus carácteristicas raciales y económicos.
Se intentó obtener esta información de algunas fuentes ya publicadas como los reportes del Censo y otros hallazgos de investigación. Estos podían dar una impresión ligera de la situación, pero no podían responder a la pregunta de donde se encontraban los padres que no vivían con sus hijos, desde que esta pregunta no se había formulado en el Censo de 1960. Se obtuvo información adicional del NAACP, Fonda de Defensa Legal y Educación en Jackson, Mississippi, y de formularios con características de personas afectadas por la ley. Pero esta muestra limitida, así como los informes las publicados, no proporcionó una evidencia sólida sobre la cual se pudiera organizar un caso.
Se decidió confiar en una nueva tabulación de los datos del Censo de 1960, para describir en forma exatta la población base de la cual se extraería a los niños cuyos padres estaban afuera del Estado, es decir, los niños que no vivían con sus padres. Estos datos mostraron que el 82 por ciento de todos los niños en edad escolar que no vivian con sus padres eran negros. La vivienda promedio de gente de color, en la que había por lo menos un niño “sin padres,” contenía 5.8 personas y tenía un ingreso anual de 1429 dólares.
Estos significa menos de 250 dolares al año por persona. Los derechos que tendrían que pagarse por un solo niño son mayores que la cuota anual de una persona. De modo que estos datos permitieron demostrar que la ley era en efecto discriminatoria desde el punto de vista racial, desde que la mayor parte de las personas afectadas eran negros y demasiado pobres para pagar por su instrucción.
Este fué un caso en que los demógrafos pudieron utilizar sus conocimientos especializados para implementar un aspecto de política piblica, es decir la ley.
