Abstracto

En este ensayo sostengo que el aborto, como práctica y como consigna política, cuestiona los enfoques tradicionales y hegemónicos en salud y abona a construir un enfoque feminista de la salud. Me centro en las experiencias y los activismos por el aborto legal de la Argentina contemporánea, tomando algunos ejemplos de otros contextos. En primer lugar, sostengo que el aborto pone de manifiesto en qué medida los procesos de salud-enfermedad están atravesados por aspectos simbólicos situados, asociados a un fuerte estigma, que forjan la vivencia de su práctica. Analizo cómo se fueron modificando estos sentidos en Argentina, de la mano del activismo feminista. En segundo lugar, argumento que el aborto como práctica de salud contribuye a romper las dicotomías tradicionales entre prevención-intervención y salud-enfermedad, así como a modificar los mecanismos jerarquizados de toma de decisiones. En el caso argentino, garantizar el acceso al aborto en instituciones públicas de salud, de la mano de profesionales activistas, permitió ampliar los enfoques biomédicos hacia abordajes más integrales. En tercer lugar, analizo cómo la difusión del aborto con medicamentos puso en cuestión los procesos monopolizados y excluyentes de construcción e institucionalización de los conocimientos legítimos en salud.

Argentina obtiene la esperada legalización del aborto en el año 2020, luego de una larga lucha cuyos orígenes se remontan a la recuperación de la democracia en los años 1980. Allí, como en otros países, los repertorios discursivos para exigir el aborto legal no fueron ni son unívocos, y se han ido modificando y solapando.

Un hito en las luchas por el aborto legal en Argentina es el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005 (en adelante, la Campaña), un conglomerado de organizaciones y activistas de un amplio espectro político, nucleadas/os con el fin de obtener la legalización, a través del lobby político y parlamentario, pero también, buscando construir mayor consenso social. Desde sus inicios, la Campaña estableció que sus principales argumentos en el debate público serían sostener que el derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social. Los fundamentos de su primer proyecto de ley exigían el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como “derechos básicos de todas las personas,” destacando “la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.”1 Además de la alusión a la integridad y al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, este argumento tiene un significado político local, dado que responde a la historia de violaciones de derechos en el contexto del terrorismo de Estado en Argentina, y a la resonancia de este discurso en el contexto político y activista del país.2 También desde sus inicios, la Campaña destacó que la criminalización del aborto trae aparejados riesgos innecesarios para la salud y la vida de las personas. Los fundamentos de su primer proyecto sostenían que las complicaciones por aborto representaban la primera causa de muerte materna3 en el país. Este enfoque de salud pública permitió no solamente obtener cada vez más apoyos por parte del campo médico, sino también, como veremos, institucionalizar progresivamente políticas públicas de acceso al aborto seguro.4

La Campaña también defendía la legalización del aborto como un asunto de justicia social. Dado que el aborto clandestino ponía en riesgo, de manera desproporcionada, a las mujeres y personas más pobres y con menor acceso a recursos materiales y simbólicos, en un contexto latinoamericano de acuciante desigualdad social, legalizarlo permitiría reducir estas desigualdades.5

Con estos tres argumentos como pilares, la Campaña buscaba poner el foco en aspectos irrebatibles, recurriendo a la legitimidad que confiere el discurso médico (argumento principal y exitoso, que llevó a la legalización en Uruguay),6 a la siempre eficaz mirada puesta en las mujeres de sectores vulnerables (discurso que prevaleció en países como Francia, durante su proceso de legalización)7 y al peso que tiene el sintagma “derechos humanos” en un país como Argentina.8

Los argumentos fundantes de la Campaña siguen en gran medida vigentes entre los feminismos por el aborto legal, pero los repertorios para exigir la legalización, y los discursos a favor del aborto, se fueron ampliando y complejizando, tanto en Argentina como en la región, y a nivel internacional. El argumento centrado en la salud pública, en particular, se fue tensando, en cuanto nuevos actores se sumaron a la discusión y los feminismos fueron creciendo y alcanzando una legitimidad sin precedentes.

En Uruguay, la defensa del aborto legal como un problema de salud pública abrió el camino para obtener una legalización temprana, en 2012, en relación a otros países de la región, pero terminó cristalizando en una ley con un enfoque paternalista (debido las posibilidades efectivas de aquel momento). La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) uruguaya le resta autonomía y capacidad de decisión a las personas gestantes, imponiendo requisitos que podrían restringir el acceso.9 Se da así un giro en la tradición tutelar del Estado, que pasa de una tutela represiva a una sanitaria sobre la salud de las mujeres, debido a una fuerte influencia del enfoque biomédico.10 En otros países como Francia ocurrió algo similar durante las primeras décadas post-legalización: un proceso de medicalización del aborto con el objetivo extra-sanitario de otorgar al cuerpo médico el control sobre los aspectos ligados a la (no) reproducción.11

En Argentina, en cambio, el modo en el que se fueron moldeando los debates, y las diferencias de época y de temporalidades en relación a otros países, permitieron alcanzar una ley con un enfoque feminista. Antes de la legalización, el aborto estaba permitido cuando el embarazo era producto de una violación o ponía en riesgo la salud o la vida de la persona. A partir de la ley de IVE, se autoriza el acceso de las mujeres y otras personas gestantes hasta la semana catorce de gestación, sin otro requisito que la firma de un consentimiento informado. Luego de ese plazo, rige el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por los motivos previamente contemplados como no punibles. También se establecen mecanismos específicos de protección de los derechos de niñas/os y adolescentes, y de las personas con discapacidad, lineamientos de calidad técnica y de atención integral, y se regulan la objeción de conciencia y otras posibles dilaciones injustificadas.12 Considero que la norma tiene un enfoque feminista de la salud porque pone el foco en la autonomía y en la capacidad de decisión de las personas, y no en el sistema o los/las profesionales de la salud. Sin embargo, no voy a centrarme aquí en la ley, sino en analizar los procesos y entramados argumentativos que permitieron alcanzarla, a través de las tensiones, disputas y consensos que se fueron desplegando dentro del amplio movimiento que la defendía.

Utilizo el término “salud feminista” por motivos epistemológicos y políticos. Este concepto permite condensar muchas de las propuestas y los aportes que realizamos junto con colegas y compañeras activistas, investigadoras y docentes, en el cruce entre feminismos, sexualidades, salud y derechos. Junto con Sandra Fernández Vázquez y Florencia Maffeo, proponemos pensar la salud feminista como un enfoque teórico-práctico que tome las trayectorias y experiencias de diferentes movimientos feministas y LGBT+ por la salud, para establecer un modelo de salud alternativo, crítico, interseccional, integral, centrado en las voces y en las experiencias de las personas y los grupos sociales.13 Este modelo nace de los activismos de los grupos identitarios-de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, entre otros- que estuvieron históricamente excluidos y fueron sistemáticamente violentados y patologizados por las instituciones de salud. Consideramos que las luchas por el aborto legal, en Argentina y en otros países, han contribuido a construir un modelo feminista de la salud. Quisiera a retomar algunas de estas reflexiones, pero también, ir más allá del aborto como un reclamo político-histórico y reflexionar sobre el aborto como un asunto de salud, a nivel social y simbólico, y como una práctica que puede poner en jaque la clásica jerarquía de poder en las relaciones “médico-paciente.” Así como la teoría feminista ha contribuido y es inescindible del desarrollo de los movimientos activistas, también ocurre en el sentido inverso: los movimientos, acciones y prácticas de los feminismos generan teoría.

En particular, considero que los movimientos por el derecho al aborto, y el aborto como una práctica social en un contexto sociohistórico determinado, permiten contribuir y generar teoría, en particular, aportar al desarrollo de un enfoque feminista de la salud. Este enfoque debe ser entendido de manera teórico-práctica, como una praxis, dado que se trata de cambios en el hacer, propuestas relacionales e intervenciones en y desde instituciones, programas, organizaciones y legislaciones, inescindibles de discursos y enfoques teóricos. Voy a centrarme principalmente en Argentina, tomando ejemplos y experiencias de otros países, teniendo en cuenta que este caso es eco y parte de procesos regionales y transnacionales.

En primer lugar, planteo que el aborto pone de manifiesto que los procesos de salud-enfermedad están atravesados por aspectos simbólicos, al estar cargado de significados sociales, generalmente estigmatizados, que varían según las épocas y los contextos. En Argentina, las redes de acompañamiento en aborto impulsaron una reapropiación e inversión del estigma, contribuyendo a modificar sentidos que siguen en disputa. En segundo lugar, sostengo que el aborto como práctica de salud contribuye a romper las dicotomías “salud-enfermedad” y “enfermedad-intervención,” y a cuestionar el proceso tradicional de toma de decisiones entre médicos y pacientes. En Argentina, la garantía del acceso al aborto en instituciones públicas de salud, por parte de profesionales activistas, ha favorecido modelos de atención más justos e igualitarios, en aspectos que exceden la práctica de IVE. En tercer lugar, analizo cómo las luchas por el aborto con medicamentos han contribuido a modificar los procesos jerarquizados y excluyentes de construcción e institucionalización de conocimientos biomédicos. Por todo esto, sostengo que el aborto, y las luchas en torno a él, abonan a la construcción de una salud feminista y LGBT+, en un plano teórico-práctico.

1. Otras historias sobre aborto

Las experiencias de aborto ponen en evidencia hasta qué punto no existe una división entre un asunto de salud y su significado social, sino que toda experiencia de salud-enfermedad está constituida y moldeada por representaciones sociales. Nayla Vacarezza y July Chaneton analizan cómo abortar en un contexto de restricción legal, en Argentina en los años 2000, tiene el signo de la clandestinidad, no solo porque para poder hacerlo son necesarios recursos económicos, sociales y simbólicos, sino porque, incluso disponiendo de ellos, la experiencia del aborto está signada por la clandestinidad.14 La penalización tiene efectos biopolíticos al afectar las reglas del juego. Si bien la experiencia personal pero sociocultural e histórica del aborto es una forma de escape, de resistencia y de desborde a la voluntad de dominio que la penalización impone, el dispositivo logra establecer las condiciones: abortar en clandestinidad es hacerlo en secreto, de manera oculta, con posibles sentimientos de culpa y autoresponsabilización, incertidumbre y angustia por exponer el propio cuerpo a lo peligroso y lo desconocido.15,16

Pero la condena al aborto no rige solamente en contextos de penalización legal. El sociólogo francés Luc Boltanski describe que en contextos en los que el aborto está permitido por plazos o causales, como Francia, se trata de una práctica tolerada de hecho pero reprimida en el discurso, ante la que se acuerda “cerrar los ojos.” No es posible legitimarlo, pero tampoco eliminarlo, por lo tanto, “se lo evita”: “se evita practicarlo y, si se lo practica, se evita hacerlo público, asegurarle una representación, o incluso pensarlo.”17 Al mantenerse en la esfera del secreto y de lo oculto, a pesar de ser una práctica legalizada y, en cierta medida, legitimada, muchas personas lo siguen viviendo como algo moralmente condenable.

En una investigación realizada en Francia en los años 2000, casi treinta años después de la legalización, dos investigadoras francesas encontraron que mujeres que habían abortado en el marco de la ley, cargaban con fuertes mandatos morales, y experimentaban el aborto como algo que les sucedió porque ellas fallaron en evitar un embarazo. En los relatos de las mujeres, se vislumbraba una “norma anticonceptiva” que ya no establecía la obligación de elegir entre continuar un embarazo o exponerse a graves riesgos, pero sí el imperativo de evitar un embarazo no planificado a toda costa y de no tener que recurrir a un aborto. Abortar era, entonces, experimentado como un fracaso, una falla, una negligencia propia. Bajo este enfoque, las mujeres aparecen como las responsables, únicas y últimas, de evitar a toda costa un embarazo que no planificaron, sin tener en cuenta las posibles ambivalencias, errores y olvidos, propias y de las tecnologías médicas, que ocurren en todos los planos de la vida y particularmente en el de la sexualidad.18 A nivel social, decidir abortar era, entonces, doblemente reprochable: primero, por romper con el mandato de la maternidad; segundo, por no haber sido lo suficientemente responsable de evitar un embarazo que ya se sabía que no se quería.

El estigma del aborto es un atributo negativo que se les imputa a quienes deciden interrumpir un embarazo, porque desafían lo que, social y culturalmente, define la “esencia natural” del “ser mujer.”19 Lejos de ser una verdad universal, este estigma se construye y reproduce localmente, adquiriendo connotaciones propias en cada latitud y momento histórico,20 y en cada contexto o grupo social particular. Si bien los movimientos feministas y LGBT+ han jugado un rol central en la transformación de los sentidos estigmatizantes asignados al aborto, no son ajenos a ellos.

En Argentina, la Campaña por el derecho al aborto exigía desde 2005 “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.” Este triple lema buscaba responder a los argumentos de sectores conservadores que pretendían solucionar el problema defendiendo las estrategias que ellos mismos obstruían (acceso a educación sexual y anticoncepción). Las feministas queríamos expresar, justamente, que nuestro reclamo era integral y que exigíamos un continuum de derechos. Sin embargo, a medida que el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito se fue instalando en la agenda feminista, y en la esfera social y política más amplia, algunos sectores del feminismo pusimos en cuestión esta consigna: señalábamos que podía recaer en una nueva normatividad al sugerir que el aborto era algo que debía evitarse a toda costa y a lo que se debía recurrir solo en última instancia. Además, al hablar de “aborto legal para no morir” se asociaba el reclamo de legalidad a los riesgos de muerte, por sobre otros aspectos, y se figuraba el aborto centralmente como una práctica clandestina.

Si bien la consigna se mantuvo, y tomó preeminencia en 2018, cuando los debates sobre aborto tomaron fuerte estado público en el país,21 años antes, a inicios de la década de 2010, también empezaron a circular otras consignas y, junto con ellas, otros relatos. Al decir de Donna Haraway,22 necesitamos contarnos otras historias porque nos permiten vislumbrar nuevos escenarios y futuros posibles. En este caso, los relatos sobre aborto se fueron modificando a medida que lo hicieron las experiencias de las personas, de la mano del activismo feminista en aborto con medicamentos, y viceversa.

A partir de la disponibilidad del misoprostol en el mercado, un fármaco indicado para el aborto autoprovocado en la casa, en ausencia de mifepristona, se lanzaron espacios y redes de acompañamiento en aborto en países como Argentina, Chile o Ecuador, entre otros.23 En Argentina, la organización pionera fue Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, lanzada en 2009, seguida de Socorristas en Red (feministas que abortamos), una red entre organizaciones que acompañaban abortos en distintos puntos del país.24 Los acompañamientos son realizados por activistas capacitadas y formadas a partir de materiales oficiales, que buscan no solo brindarle información confiable a las personas que abortan, sino también, ofrecer apoyo a lo largo del proceso.25 Antes de la legalización, los acompañamientos buscaban prefigurar la realidad que las activistas queríamos construir, en la que el aborto fuera una práctica de salud más, en el sentido de que fuera segura, pero, también, de que se hiciera en un marco de escucha, contención, diálogo y sin juicios de valor. Se proponía transformar un asunto supuestamente privado en una cuestión política y colectiva. A su vez, se buscaba transformar una práctica generalmente medicalizada en una experiencia de salud cuidada, compartida y garantizada, generalmente, entre mujeres y lesbianas.26,27

Estas iniciativas operaron a nivel simbólico en, al menos, dos sentidos: por un lado, por una búsqueda explicita por revertir los sentidos negativos asignados al aborto y, por el otro, porque al modificar las experiencias de aborto, fueron modificando lo que se sabía, se decía y se pensaba sobre la práctica. Las “Socorristas en Red” tomaron el lema “feministas que abortamos” para invertir y apropiarse del estigma asignado históricamente a una persona que practica abortos (“la abortera”), mientras que las “Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto” tomaron el repertorio del orgullo lésbico para proponer “sacar el aborto del clóset.” Estas iniciativas impulsaron un discurso herético en el sentido de Bourdieu, que buscaba denunciar un contrato tácito de adhesión al orden establecido y establecer una visión alternativa.28,29

Además, los métodos de aborto más peligrosos e invasivos fueron reemplazándose por el uso de medicamentos, de la mano de las redes feministas y de profesionales de la salud comprometidos.30,31 Se dio, entonces, una simultaneidad de registros y de realidades en las que, por un lado, aun pesaban el estigma, el silenciamiento, y el miedo, y, por el otro, se habilitaba la palabra, y se buscaba romper el estigma y construir nuevos imaginarios.32 Según Julia Burton, el aborto acompañado por feministas puede generar alivio, en el sentido de liberarse de algo que aprisiona, de tener una nueva oportunidad para hacer lo que se tenía proyectado, pero también, de desafiar el silencio al que había sido confinada la experiencia y, por tanto, ubicarse en un lugar enunciativo diferente. La experiencia del aborto puede ser entendida así como una decisión y una vivencia que genere felicidad y alegría, ya que permite reinstaurar el propio deseo, a partir de una apropiación y autoafirmación del yo frente a fuertes imposiciones sociales.33

De la mano de estos procesos, el aborto como práctica de salud cargada de sentidos morales permite visualizar en qué medida todo proceso de salud-enfermedad está atravesado por significados sociales, muy particularmente, los procesos (no) reproductivos de mujeres y de otras personas con capacidad de gestar. Así, se pone en evidencia cómo los asuntos de salud, aparentemente “naturales” desde el modelo médico hegemónico vigente,34 en realidad no lo son. Estos aspectos simbólicos se ponen en juego también en las instituciones de salud y en las complejas relaciones entre “médicos” y “pacientes.”

2. Subvertir jerarquías anquilosadas

Durante la modernidad capitalista del siglo XX, se instituye el Modelo Médico Hegemónico como la forma predominante de atención médica. Este modelo fue caracterizado por el antropólogo Eduardo Menéndez como biologicista, ahistórico e individualista, entre otros aspectos, al no tener en cuenta cómo intervienen los factores subjetivos y sociales sobre la salud de las personas.35 Además, supone un alto grado de medicalización, y relaciones desiguales de poder entre médicos/as y pacientes.36 Los/las médicos/as aprehenden estos modos de socialización y de relación durante su formación académica e institucional y la reproducen de una manera que les resulta natural porque dan por sentadas las jerarquías del propio campo, que internalizan en forma de habitus.37,38 Desde el “habitus médico autoritario” se concibe a las mujeres usuarias de sectores populares como objetos de atención médica, “recipiendarias pasivas de servicios,”39 más que como sujetas de derechos. Este habitus se expresa de manera paradigmática en los servicios públicos de ginecología y obstetricia de América Latina, a través de prácticas de atención violentas, que van desde falta de información hacia las pacientes hasta malos tratos durante tratamientos ginecológicos, partos y, muy particularmente, en procesos de aborto en curso.40,41,42

Si bien este panorama está lejos de ser uniforme y se ha ido modificando, las personas que demandan atención con un aborto en curso, espontáneo o inducido, en diversos países de América Latina, aun pueden ser objeto de sospechas, culpabilización y castigo.43,44 Por medio de un proceso de delimitación y diferenciación entre pacientes “colaboradoras” y “problemáticas,” estas personas pueden ser interrogadas, adoctrinadas, maltratadas, o incluso denunciadas frente a la policía, por trabajadores de la salud.45 En Argentina, si bien actualmente no se documentan malos tratos como los que acontecían en décadas anteriores,46 aun se registran vulneraciones de derechos, incluso luego de la legalización, como dilaciones y obstáculos en el acceso al aborto, solicitud de requisitos adicionales a los necesarios, negativas a garantizar la práctica y situaciones de violencia al brindarla.47,48

Este ensañamiento ocurre porque el aborto es una práctica fuertemente estigmatizada en términos sociales y juzgada moralmente, pero, además, porque junto con otros derechos (no) reproductivos, pone en cuestión jerarquías profesionales, de género y de clase en las instituciones de salud. Los/as médicos/as despliegan prácticas normalizadoras ahí donde la lectura que hacen del cuadro clínico no concuerda con las expectativas normativas que dan por sentadas y que les orientan. El aborto voluntario, excluyendo aquel que se hace por cuestiones de salud, es una práctica que no busca prevenir una enfermedad, o recuperar un estado de salud perdido, sino que responde a motivos que escapan a las indicaciones de un médico, y se centran en la voluntad de la persona. En este sentido, además que quebrar fuertes mandatos ligados a la feminidad y la maternidad, rompe con las clásicas dicotomías “salud-enfermedad,” “enfermedad-intervención” y, sobre todo, con las jerarquías tradicionales que estructuran la toma de decisiones entre médicos/as y pacientes. La atención de un aborto en curso en el contexto institucional es escenario de una lucha clasificatoria particularmente álgida, dado el peso de lo que está en juego.49

Si bien aun existen situaciones en las que se obstaculiza la práctica, o no se hace de manera acorde a la ley, son cada vez más las instituciones de salud en Argentina que proveen abortos en un marco de respeto y promoción de la autonomía, acompañamiento integral y garantizando la mejor calidad posible.50,51 Estos cambios no son únicamente producto de la legalización, sino que se fueron dando, no sin tensiones, gracias a la acción de movimientos feministas, colectivos de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisión.

Durante la década de 2010, el aborto con medicamentos no solo se difundió desde el activismo feminista, sino también, por parte de profesionales e instituciones de salud. Progresivamente, se fueron estableciendo espacios de consejería en aborto, en los que, sin intervenir en el procedimiento, los/as profesionales brindaban atención e información antes y después de la práctica. Primero, este enfoque siguió el “Modelo de reducción de riesgos y daños del aborto practicado en condiciones de riesgo,” que se institucionalizó y devino política pública en Uruguay, y se difundió entre equipos de salud en Argentina.52 Con el tiempo, este paradigma fue mostrando limitaciones, entre otras, que no se podía garantizar el acceso a la medicación, lo cual exponía a las personas a medicamentos y métodos clandestinos.53 Por esto, de la mano de cambios normativos e institucionales, se fue pasando a un enfoque de ILE.54 Antes de la legalización, la ILE hacía referencia a los casos específicos en los que el aborto no estaba penalizado, es decir, situaciones de violación o de riesgo para la salud o la vida de la mujer. Ante la imposibilidad de avanzar hacia una ley por plazos, en países como Argentina, Colombia o Brasil se fue desplegando la estrategia del “causal salud,” que buscaba fomentar e implementar una interpretación amplia de la causal de no punibilidad en caso de riesgo para la salud. Desde una perspectiva de salud integral, si se dejaba asentado en la historia clínica que un embarazo ponía en riesgo el bienestar físico, psicológico y/o social de una persona, los/as profesionales de la salud podían justificar legalmente el acceso a la práctica.55 En 2015, el Ministerio de Salud elaboró el primer protocolo de acceso a la ILE, institucionalizando un abordaje que ya acontecía de hecho. Según Fernández Vázquez, el modelo de ILE nació como una “política pública difusa,” porque fueron los/as profesionales de la salud quienes, más que garantizar prácticas aisladas, operaron como identificadores del problema, formuladores, decisores e implementadores de una política pública, que se fue consolidando “desde abajo.”56

Si bien este enfoque tenía limitaciones, como la posible discrecionalidad de un/a profesional con la potestad de habilitar o negar el acceso, permitió ampliar la seguridad de los abortos en un marco de legalidad restringida, así como modificar esquemas de atención en las instituciones de salud. El modelo de acceso a la ILE por causal salud fomentó la conformación de equipos de profesionales con interés en capacitarse, organizarse, establecer lineamientos y brindar una atención interdisciplinaria. Además, la concepción integral de la salud contribuyó a ampliar los límites de un modelo médico hegemónico que la reduce a lo biológico, como un componente escindido de otros, y tiende a una hiperespecialización de la atención y el cuidado.57,58

En el pasaje del modelo de consejerías en reducción de riesgos y daños al de ILE fue clave el rol de profesionales que fueron organizándose en diversos colectivos y redes,59 entre las que se destaca la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.60 Julia McReynolds denominó “insider activists” a quienes utilizaban el aparato y las instituciones del Estado, desde el sistema público de salud, para expandir el acceso al aborto seguro.61

A dos años de la promulgación de la ley de IVE-ILE, centros de salud y hospitales públicos de distintas regiones del país garantizan el acceso en las condiciones que establece la ley, que busca limitar la posible discrecionalidad médica y burocrática. En este sentido, un marco legal y normativo que regule las condiciones de acceso a la práctica resulta clave, dado que ciertas garantías, o en el otro extremo, ciertos requisitos, podrían tanto salvaguarda la autonomía de la persona como profundizar un esquema desigual de poder entre médicos/as y pacientes.62 No se trata de una perspectiva liberal o individualizada de la autonomía, que presupone la racionalidad y la responsabilidad del sujeto, ampliamente cuestionada desde la teoría política feminista.63 Los feminismos por el derecho al aborto han buscado reivindicar la interdependencia y la vulnerabilidad como potencia, reconociendo que la decisión y la práctica del aborto no son procesos individuales, sino atravesados por historias y dimensiones subjetivas, sociales, políticas y materiales. En este sentido, los espacios de acompañamiento feminista y las instituciones de salud son clave a la hora de garantizar condiciones que reduzcan los efectos de estas limitaciones y fomenten una autonomía intersubjetiva, pensada en colectivo.

Muchos de los equipos de trabajo en salud, conformados al calor de las luchas por el aborto legal, promueven y garantizan la atención desde un enfoque feminista, de cuidado y de integralidad.64 En este sentido, el aborto ha impulsado un cambio que va más allá de la práctica misma. Estos/as profesionales se han ido organizando, formando, capacitando, y tejiendo redes tanto con otros/s referentes del ámbito de la salud y la política pública, como con organizaciones sociales y feministas, en temas como violencia de género, acceso a la identidad de género, y atención en salud del colectivo LGBTI+, entre muchas otras problemáticas.65,66 Al modificar ciertos esquemas estructurantes de la relación médico-paciente, la garantía del acceso al aborto en instituciones públicas de salud en Argentina, ha contribuido a fomentar modelos de atención más justos e igualitarios, donde los/las profesionales no sean jueces y verdugos, sino, por el contrario, garantes de acceso a derechos.67,68

Los aspectos analizados, en relación a las transformaciones en las relaciones entre médicos/as y pacientes, toman características y alcances particulares al enfocarnos, en particular, en la difusión del aborto con medicamentos.

3. Otras formas de construir conocimientos

El modelo médico hegemónico, dentro del que se ejerce y se sostiene el habitus médico autoritario,69 supone una exclusión y una deslegitimación de los saberes en salud no acreditados o certificados por la medicina moderna. Esto se expresa de manera particular en el ámbito de la salud reproductiva, dónde los saberes construidos y transmitidos de forma tradicional entre mujeres fueron históricamente expropiados y deslegitimados frente al monopolio del conocimiento científico.70,71 Las mujeres fueron perdiendo ciertas capacidades y conocimientos sobre el cuidado y la atención de partos y abortos, procesos fuertemente medicalizados en los que pueden verse particularmente despojadas del derecho a la información sobre su propia salud. Esta situación de desigualdad puede llegar al extremo durante un aborto clandestino, mediante una práctica potencialmente riesgosa, sobre la que no se tiene información ni posibilidad de discernimiento.

Sin embargo, aun en contextos de clandestinidad, los procesos de resistencia se fueron haciendo lugar. Desde los años 1970, en países como Estados Unidos, Francia o Italia, diversos grupos feministas se organizaron con el fin de disponer de las herramientas y los conocimientos necesarios para realizar abortos seguros.72,73 El dispositivo Del-em o el “método Karman”-tecnología que se fue modificando y hoy conocemos como AMEU (Aspiración Manual Endouterina)- resultó revolucionaria porque permitía garantizar abortos más seguros, aun en la clandestinidad, por parte de personas no profesionales capacitadas. Helen Hester interpreta estas iniciativas como prácticas xenofeministas, dado que se trata de la reapropiación feminista de una tecnología diseñada para otros fines que, en un contexto de clandestinidad, era lucrativa a expensas de quienes la necesitaban. Se trata de intervenciones políticas que pretenden “restaurar la autonomía corporal de personas que se sentían desempoderadas en sus interacciones con el establishment médico y se veían excluidas del proceso de toma de decisiones.”74

Más recientemente, la difusión del aborto con medicamentos habilitó procesos similares en el contexto latinoamericano, en el que el aborto estaba y aún está penalizado en muchos países. Los primeros usos del misoprostol para el aborto autoadministrado en América Latina no respondieron a iniciativas activistas ni profesionales, sino al uso off label que hacían mujeres de sectores populares. A partir de su disponibilidad en el mercado, en países como Brasil o Argentina, los métodos clandestinos de aborto comenzaron a modificarse, mutando desde métodos más inseguros, como el uso de sondas, hacia un uso del misoprostol inicialmente experimental y difundido boca a boca.75,76

El proceso de puesta a punto y aprobación del misoprostol como droga abortiva resulta paradigmático, ya que subvierte modelos tradicionales de desarrollo y aprobación de medicamentos. Como pone en evidencia Natacha Mateo,77 si bien en Estados Unidos y otros países el misoprostol estaba aprobado para un uso gineco-obstétrico, no ocurría lo mismo en América Latina. Según la antropóloga Lynn Morgan esto ocurrió porque el laboratorio estadounidense que lo comercializaba (inicialmente Searle & Co., luego adquirido por Pfizer), amparado en su aprobación para el tratamiento de úlceras gástricas, no solicitó licencias para las indicaciones de salud reproductiva, porque no quería generar controversias en el contexto latinoamericano.78 Al mismo tiempo, se permitía de hecho el uso de la droga, a partir de una falta de controles sobre su distribución. De este modo, fueron las propias mujeres de sectores populares quienes, sin información ni asesoramiento, experimentan los efectos, las dosis, la efectividad y los riesgos en sus propios cuerpos. Poco a poco, las iniciativas activistas fueron sistematizado la información sobre los usos seguros del fármaco y, a su vez, los/s profesionales se vieron obligados a buscar las posologías adecuadas.79,80

En los primeros usos del misoprostol para el aborto se fue dando una sinergia de saberes y procesos entre personas y grupos del ámbito de la salud y por fuera de él.81 Profesionales de la salud sugieren que conocieron el uso abortivo del misoprostol a partir de las propias mujeres usuarias y de la información que difundían las feministas. Este proceso, en el que son los/as profesionales quienes conocen, investigan y buscan formarse por vías externas al ámbito médico, rompe con el modelo clásico de jerarquización de los saberes legítimos y validados en salud.

En Argentina, el colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto comenzó a realizar acompañamientos en aborto por vía telefónica, en los que brindaba información sobre misoprostol-dosis, síntomas esperables, señales de alarma, controles previos y posteriores-, a partir de guías técnicas de la Organización Mundial de la Salud.82 Esta información también fue difundida a través del manual “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas,”83 que fue lanzado en 2010 con 500.000 descargas online y 20.000 copias impresas distribuidas de manera gratuita.84 Además de contribuir a modificar los sentidos históricamente asignados al aborto y las condiciones de acceso al mismo, el uso abortivo del misoprostol brindó a las feministas la posibilidad de combinar acción directa, agenciamiento y redistribución de conocimiento.85

El colectivo de Lesbianas y Feministas también recopilaba información sobre los llamados telefónicos recibidos, que difundía mediante informes periódicos. De esta manera, fue demostrando que compartir información sobre aborto entre mujeres y lesbianas, en el marco legal y normativo entonces vigente, era no sólo legal, sino posible y efectivo.86,87 En un contexto en el que las instituciones médicas locales no fomentaban el uso del misoprostol, o solo existían iniciativas aisladas y solapadas, esta agrupación difundía estadísticas propias y recomendaciones validadas que demostraban que romper con el monopolio del saber médico era necesario, incluso en sus propios términos: se trataba de una herramienta que podría disminuir las altas tasas de mortalidad materna y reducir la cantidad y la gravedad de las complicaciones por aborto.88 Además, esta organización fue pionera al demostrar que brindar información no implicaba riesgos legales para quienes lo hicieran, mientras no se interviniera en la práctica, lo cual permitió la multiplicación de estas experiencias y marcó un antes y un después.89

Poco a poco, diversos espacios profesionales fueron convocando a las feministas para formarse y desarrollar proyectos conjuntos. Lesbianas y Feministas realizó capacitaciones con asociaciones como Médicos del Mundo o la Asociación de Médicos Generalistas, entre otros; mientras que Socorristas en Red desarrolló un dispositivo de acompañamiento y atención postaborto, junto con el servicio de ginecología de un hospital público. La iniciativa “TeA” (en referencia a “Te Acompañamos”) estableció un sistema en el que las personas eran recibidas y asesoradas antes del uso de medicamentos por Socorristas en Red, y luego derivadas al hospital para recibir atención post aborto.90,91

Diversas experiencias feministas de acompañamiento en aborto con medicamentos, tanto argentinas, como de otros países o internacionales, fueron profesionalizando sus dispositivos de acompañamiento y sistematizando datos. Socorristas en Red en Argentina, Women on Web a nivel internacional, y otros dispositivos locales de acompañamiento en aborto por fuera del sistema formal de salud, generaron evidencia que publicaron en renombradas revistas médicas sobre la seguridad y la viabilidad del aborto en la casa, con acompañamiento y supervisión a distancia, por parte, principalmente, pero no exclusivamente, de personas no profesionales.92,93,94 El modelo de Socorristas, si bien requiere mayor investigación en términos clínicos, también demostró ser una alternativa viable y segura para acompañar abortos a distancia durante el segundo trimestre, en contextos legalmente restringidos.95

Como ocurrió con otros movimientos por el derecho en salud, como las personas viviendo con VIH o las personas trans,96 quienes requerían un aborto en contextos de clandestinidad pasaron de ser excluidas de las tecnologías y los conocimientos médicos, a ser “pacientes expertas”97 que generaban, desarrollaban y difundían un saber que no solo brindó respuestas a sus necesidades en salud sino que permitió generar una evidencia que fue mucha más allá de los propios límites del sistema médico y del marco legal y normativo entonces vigente. El misoprostol y la difusión de información sobre sus usos abortivos, les devolvió a las personas gestantes un poder que les había sido históricamente negado y les brindó una capacidad de agencia de otro orden, al poner en sus propias manos la capacidad y potencialidad de gestionarse y practicarse abortos no medicalizados.

Algunas palabras finales

A lo largo de este ensayo me propuse reflexionar sobre ciertos aspectos de las luchas por el aborto en Argentina que contribuyeron y contribuyen a ampliar los enfoques hegemónicos en salud, así como a modificar y cuestionar el habitus médico autoritario y el modelo médico hegemónico. Considero que los movimientos por el aborto legal en Argentina generaron tanto cambios sociales, simbólicos, legales e institucionales como aportes teóricos enriquecedores. No prestar atención a estas contribuciones es perdernos elementos clave desde el punto de vista político, histórico y teórico.

En el primer apartado, me centré en el estigma que rodea al aborto, si bien el mismo toma características particulares en cada contexto. Desarrollé el rol que tuvieron las organizaciones feministas en Argentina para modificar sentidos estigmatizantes, que permanecen en tensión. Estos significados se juegan de modo particular en el ámbito de la salud. Al ser un asunto de salud en el que prima la voluntad de la persona y no la decisión o la mirada médica, se tensan los roles y jerarquías tradiciones entre médicos/as y pacientes. En Argentina, diversas experiencias de profesionales activistas permitieron ampliar los enfoques en salud dentro de instituciones públicas, al tomar una perspectiva de integralidad, centrada en los derechos y la autonomía de las personas. Por último, analicé cómo la disponibilidad del misoprostol en Argentina y las diversas iniciativas para difundir sus usos seguros permitieron devolverles a las personas gestantes un poder y una capacidad de agencia que les habían sido históricamente negados.

A partir de estos análisis, sostengo que el aborto, desde diversas aristas y experiencias, es una práctica y una demanda política que permite ampliar enfoques en salud y contribuye a consolidar un enfoque feminista. Se trata de recuperar la capacidad enunciativa, epistemológica y de agencia, desde un lugar colectivo y transformador. Inscribo las experiencias analizadas entre diversas iniciativas sociohistóricas en las que las personas y grupos sociales excluidos del acceso y los conocimientos en salud, buscan recuperar un poder que les ha sido negado, como ocurrió con las personas viviendo con VIH, la salud de las personas trans, la salud ginecológica de lesbianas y bisexuales o los procesos de despatologización de las personas gordas, las personas locas o las personas con discapacidad. Un enfoque feminista de la salud busca, justamente, promover una mirada y una praxis interseccional, integral y colectiva, centrada necesariamente en una redistribución de los conocimientos y los poderes en salud y una autonomía pensada en colectivo.

Notas

2.

Sutton y Borland, “Abortion and Human Rights.” Luego de la última dictadura cívico-militar (1976–1983), los movimientos y discursos de derechos humanos fueron tomando una relevancia y una legitimidad social y política significativa. Los feminismos, en general, y las luchas por el derecho al aborto, en particular, se inscriben en una genealogía que se entrelaza con estos movimientos y la posterior organización de los movimientos sociales durante la década de 1990, en respuesta a las políticas neoliberales. La Campaña nace al calor de estas luchas, que reconoce tomando como símbolo un pañuelo triangular en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo (reemplazando el tradicional color blanco por uno verde). Las Madres reclamaban la aparición con vida de sus hijos/as desaparecidos/as durante el régimen militar, con pañuelos blancos en sus cabezas, para expresar que querían manifestarse en paz. Su aparición en la escena pública marcó muy fuertemente el rol de las mujeres en las luchas políticas en Argentina y en América Latina. Véase Sutton y Vacarezza, Abortion and Democracy.

3.

La “mortalidad materna” es un indicador que se usa para medir mortalidad por causas ligadas al embarazo, parto o puerperio.

16.

Szwarc y Fernández Vázquez, “‘Lo quería hacer rápido, lo quería hacer ya.’”

17.

Boltanski, en Pecheny, “‘Yo no soy progre,’” 262.

19.

El término original en inglés es “womanhood.” Véase Kumar, Hessini y Mitchell, “Conceptualising abortion stigma.” 

23.

Szwarc y Fernández Vázquez, “‘Lo quería hacer rápido, lo quería hacer ya.’”

24.

Para conocer algunas de las experiencias actuales de Argentina y de otros países de América Latina, visitar el sitio web de Socorristas en Red: https://socorristasenred.org/.

41.

Observatorio de salud, género y derechos humanos, Con todo al aire.

44.

Observatorio de salud, género y derechos humanos, Con todo al aire.

46.

Observatorio de salud, género y derechos humanos, Con todo al aire.

47.

Szwarc, Maffeo y Fernández Vázquez, “Aportes de los activismos feministas y LGBT+.” 

50.

Red de equipos de salud sexual y reproductiva, “Experiencias de equipos de salud.” 

55.

Red de equipos de salud sexual y reproductiva, “Experiencias de equipos de salud.” 

60.

Para más información sobre la Red de Profesionales, véase http://redsaluddecidir.org/.

63.

González Prado, Aborto y la autonomía sexual de las mujeres.

65.

Red de Equipos de Salud Sexual y Reproductiva, “Experiencias de equipos de salud.” 

74.

Hester, Xenofeminismo, 83. Para Hester, los proyectos xenofeministas son proyectos del activismo feminista que responden a cuatro principios: 1) una circunvalación de las autoridades; 2) refuncionalizar herramientas, al adueñarse de dispositivos con fines políticos y separarlos de los contextos en los que habían sido desarrollados; 3) la inmersión en discursos sobre escalabilidad que promuevan la autonomía de las personas, y puedan ser fácilmente replicados; y 4) el potencial para un uso interseccional, es decir, proyectos que busquen modificar no solo condiciones desiguales de género, sino también, de otras determinaciones sociales. Para conocer este enfoque en mayor profundidad ver Hester, Xenofeminismo.

82.

Organización Mundial de la Salud, Aborto sin riesgos.

85.

Mines et al., “‘El aborto lesbiano que se hace con la mano.’”

92.

Moseson et al., “Self-Managed.”

94.

Shochet et al., “Self-Managed.”

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